Por Álvaro Aurane
LA GACETA
“- Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos.- La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.- La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda..., eso es todo”.Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”.Apenas asumió, el gobierno de José Alperovich decidió meter manos en el Consejo Asesor de la Magistratura. Lo integraban un miembro de la Justicia, uno del Colegio de Abogados y uno de la UNT. Y las ternas de candidatos que proponía para cubrir vacantes judiciales no salían de la Casa de Gobierno. Ante esto, el Ejecutivo anunció, en diciembre de 2003, que le agregaría muchos más miembros. El entonces titular de la Corte, Antonio Gandur, advirtió dignamente que, de ser así, la Corte se retiraría. Acto seguido, el mandatario decretó la extinción del CAM. Y lo suplió por el sistema según el cual él propone y él designa jueces y fiscales.Pese a estos antecedentes, afirmó el lunes: “como gobernador, necesito una Justicia independiente”.Luego vino la reforma de la Constitución. Originalmente, iba a elegirse a los miembros de la Convención Constituyente en octubre, pero (qué ironía tan subtropical) la convocatoria era inconstitucional y el tribunal supremo la anuló. Alperovich dijo por entonces que si la Corte no quería que él fuera reelecto, se iría a trabajar a su empresa.Pese a estos precedentes, aseguró el lunes que él nunca buscó influenciar sobre la Justicia. Cuando se modificó el texto constitucional, quedó escrito que, en caso de juicio político, para deponer al gobernador harán falta más votos del tribunal parlamentario que para destituir a cualquier vocal de la Corte. A los jueces y a los fiscales los designará un CAM resucitado que el Gobierno organizará como le plazca. Y los removerá un Jurado de Enjuiciamiento con mayoría de políticos. Para rematar, el Judicial es el único poder que no puede dictarse su propio presupuesto. Pese a semejante historial, el gobernador dijo el lunes: “yo voy a proteger a los jueces”.Todos estos institutos fueron pergeñados a puertas cerradas, entre asados y empanadas, en el fondo de la residencia del gobernador. Y fueron sancionados, con obediencia y subordinación, por la Convención Constituyente, que gustaba de deliberar a la medianoche con sus miembros durmiéndose en las bancas. Todas estas creaciones cuasisecretas (el presidente del cuerpo, Juan Manzur, nunca dio a conocer la nómina de proyectos entrados) fueron expuestas a la luz pública, una a una, por LA GACETA.Pero Alperovich dijo el lunes que este medio quiere influenciar a los jueces.Cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó la instrumentación de esas joyitas de mecanismos de designación y remoción de jueces, le pusieron encima, por ley, un inaudito Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Aún no instrumentado por las -afortunadas- lagunas de la norma, su función es revisar los fallos de la Cámara. Dicho en español, venganza. Pero Alperovich insistió el lunes: “yo quiero que los jueces sean independientes”.Donde dice “independientes” debe leerse, respetando el contexto de la arenga oficial, miembros del Poder Judicial que archiven causas contra funcionarios, sin siquiera llamarlos a declarar. Así se procedió con el expediente del secretario coordinador Sergio Mansilla. El contestó un pedido de informes de la Fiscalía de la X Nominación, consignando que durante 2005 se coparticiparon $ 65 millones a municipios y comunas. En contraste, la Contaduría General, en respuesta a un requerimiento idéntico, detalló que, en ese período, los fondos coparticipados superaron los $ 229 millones. Pero no hace falta citar a Mansilla a que dé mínimas explicaciones. Porque, al decir del gobernador, cómo van a faltar, en esta provincia, $ 164 millones. “Por favor...”, agregó él.Frente a este universo de contradicciones entre la realidad documentada y el discurso del mandatario, surgen numerosas preguntas respecto de la verdad del Gobierno, comenzando por la de si el Gobierno dice verdad. Pero en “El concepto de ficción”, Juan José Saer da una definición que puede servir para ordenar la cuestión: la ficción no es necesariamente lo opuesto a la verdad. Allí, acaso, la clave para desentrañar el enojo del gobernador con la prensa independiente (puesto que -es obvio- no se enfada con toda la prensa): ella no da cuenta de la ficción que construye discursivamente el Gobierno. Y nunca podrá hacerlo porque el periodismo (para ensayar una definición antigua y rectora) no consiste en publicar lo que el gobernante dice, sino en lo que el gobernante hace. Y lo que hace este Gobierno no se parece, en nada, a la búsqueda de una Justicia independiente. Ni mucho menos al manejo transparente de los recursos públicos.Pero ya vendrán las afirmaciones oficiales acerca de que el sistema republicano rige plenamente, de que la calidad institucional está asegurada, y de que esta gestión no atenta contra la libertad de prensa. Porque Tucumán -y cuidado con andar mintiendo lo contrario- es la provincia de las maravillas.
LA GACETA
“- Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos.- La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.- La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién es el que manda..., eso es todo”.Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”.Apenas asumió, el gobierno de José Alperovich decidió meter manos en el Consejo Asesor de la Magistratura. Lo integraban un miembro de la Justicia, uno del Colegio de Abogados y uno de la UNT. Y las ternas de candidatos que proponía para cubrir vacantes judiciales no salían de la Casa de Gobierno. Ante esto, el Ejecutivo anunció, en diciembre de 2003, que le agregaría muchos más miembros. El entonces titular de la Corte, Antonio Gandur, advirtió dignamente que, de ser así, la Corte se retiraría. Acto seguido, el mandatario decretó la extinción del CAM. Y lo suplió por el sistema según el cual él propone y él designa jueces y fiscales.Pese a estos antecedentes, afirmó el lunes: “como gobernador, necesito una Justicia independiente”.Luego vino la reforma de la Constitución. Originalmente, iba a elegirse a los miembros de la Convención Constituyente en octubre, pero (qué ironía tan subtropical) la convocatoria era inconstitucional y el tribunal supremo la anuló. Alperovich dijo por entonces que si la Corte no quería que él fuera reelecto, se iría a trabajar a su empresa.Pese a estos precedentes, aseguró el lunes que él nunca buscó influenciar sobre la Justicia. Cuando se modificó el texto constitucional, quedó escrito que, en caso de juicio político, para deponer al gobernador harán falta más votos del tribunal parlamentario que para destituir a cualquier vocal de la Corte. A los jueces y a los fiscales los designará un CAM resucitado que el Gobierno organizará como le plazca. Y los removerá un Jurado de Enjuiciamiento con mayoría de políticos. Para rematar, el Judicial es el único poder que no puede dictarse su propio presupuesto. Pese a semejante historial, el gobernador dijo el lunes: “yo voy a proteger a los jueces”.Todos estos institutos fueron pergeñados a puertas cerradas, entre asados y empanadas, en el fondo de la residencia del gobernador. Y fueron sancionados, con obediencia y subordinación, por la Convención Constituyente, que gustaba de deliberar a la medianoche con sus miembros durmiéndose en las bancas. Todas estas creaciones cuasisecretas (el presidente del cuerpo, Juan Manzur, nunca dio a conocer la nómina de proyectos entrados) fueron expuestas a la luz pública, una a una, por LA GACETA.Pero Alperovich dijo el lunes que este medio quiere influenciar a los jueces.Cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó la instrumentación de esas joyitas de mecanismos de designación y remoción de jueces, le pusieron encima, por ley, un inaudito Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Aún no instrumentado por las -afortunadas- lagunas de la norma, su función es revisar los fallos de la Cámara. Dicho en español, venganza. Pero Alperovich insistió el lunes: “yo quiero que los jueces sean independientes”.Donde dice “independientes” debe leerse, respetando el contexto de la arenga oficial, miembros del Poder Judicial que archiven causas contra funcionarios, sin siquiera llamarlos a declarar. Así se procedió con el expediente del secretario coordinador Sergio Mansilla. El contestó un pedido de informes de la Fiscalía de la X Nominación, consignando que durante 2005 se coparticiparon $ 65 millones a municipios y comunas. En contraste, la Contaduría General, en respuesta a un requerimiento idéntico, detalló que, en ese período, los fondos coparticipados superaron los $ 229 millones. Pero no hace falta citar a Mansilla a que dé mínimas explicaciones. Porque, al decir del gobernador, cómo van a faltar, en esta provincia, $ 164 millones. “Por favor...”, agregó él.Frente a este universo de contradicciones entre la realidad documentada y el discurso del mandatario, surgen numerosas preguntas respecto de la verdad del Gobierno, comenzando por la de si el Gobierno dice verdad. Pero en “El concepto de ficción”, Juan José Saer da una definición que puede servir para ordenar la cuestión: la ficción no es necesariamente lo opuesto a la verdad. Allí, acaso, la clave para desentrañar el enojo del gobernador con la prensa independiente (puesto que -es obvio- no se enfada con toda la prensa): ella no da cuenta de la ficción que construye discursivamente el Gobierno. Y nunca podrá hacerlo porque el periodismo (para ensayar una definición antigua y rectora) no consiste en publicar lo que el gobernante dice, sino en lo que el gobernante hace. Y lo que hace este Gobierno no se parece, en nada, a la búsqueda de una Justicia independiente. Ni mucho menos al manejo transparente de los recursos públicos.Pero ya vendrán las afirmaciones oficiales acerca de que el sistema republicano rige plenamente, de que la calidad institucional está asegurada, y de que esta gestión no atenta contra la libertad de prensa. Porque Tucumán -y cuidado con andar mintiendo lo contrario- es la provincia de las maravillas.
