Comisario Principal (r) Hector E. González
Análisis - El Periódico- 29Abr07

Seguridad Pública
¿Cuál es el problema?

¿Policías retirados que conspiran? ¿Delincuentes que vienen de otras provincias – los mandará Sobisch-? ¿La interna policial? ¿La oposición? ¿Los excluidos del Poder? ¿Las leyes? ¿La Justicia? ¿Romero, Soria o el sargento García? ¿Los 400 delincuentes?

Excepto una de estas variables (la Justicia en parte), las demás son causas que se citan sólo para distraer la atención, como cuando en distintas declaraciones se ensayó respuestas tales como "Tolerancia Cero"; "300 Policías controlarán a los delincuentes en sus barrios"; "Se creará Asuntos Internos"; "Ya está identificado el autor del Homicidio de Paulina"; "Se sancionará a los que conduzcan ebrios", y hoy "No le voy a mentir a los tucumanos, tenemos identificados a 400 delincuentes que si no quedan presos 4 ó 5 años..." ¿Estarán incluidos en esos 400 algunos funcionarios del gobierno provincial?

La inseguridad pública, ese estado de opinión hoy compartido por la mayoría del cuerpo social de la provincia, que tiene plena convicción de que sus derechos fundamentales y libertades públicas no gozan de las garantías necesarias para el libre y pacifico ejercicio de los mismos, se debe fundamentalmente a la falta de elaboración de una política de seguridad delineada por el PE.

De las diferentes ítems a tener en cuenta para el trazado de esta política, especial relevancia adquiere la proyección de un alto grado de capacitación a lograr por los cuadros policiales, que les permita identificar a la ley, como una de las mejores armas para atacar a la delincuencia inserta en los distintos estratos sociales e inclusive combatir la corrupción en el Estado, que hasta el momento pareciere goza de inmunidad.

Una planificada capacitación permitirá adquirir al agente una fuerte concientización sobre la importancia que reviste su rol para la sana convivencia y desarrollo de la sociedad, y llevará a los mandos policiales a responder, más que a las necesidades políticas del estanciero de turno, a la comunidad de donde emana su autoridad. Mandos estos que hoy han perdido precisamente esa autoridad, al haberse alejado del fundamento de la misma, que traducido no es otro que el Bien Común, alejamiento que se puede observar nítidamente desde el momento mismo en que los actuales jefe y subjefe de Policía son ascendidos a Comisarios Generales en abierta violación a la ley que según rumores, serían como retribución de favores políticos al entonces ministro Bailo por un accidente ocurrido en Salta. "La autoridad es una cuestión de inteligencia, honradez; humanidad, valor y severidad" (1). Así el actual gobierno da comienzo hace casi un año y medio ya, a una etapa de corrupción administrativa –y de la otra-, en la institución policía] que desde años no se veía. ¿Ese habrá sido el fin de la creación del Ministerio de Seguridad? Así, los comisarios amigos (muy pocos), no sólo pueden contar con causas penales en trámite y ascender, sino también ni una condena o inhabilitación para la función pública afecta sus promociones; menos impide recibir premios la quejas de nueve fiscales penales -representan a la sociedad-. La pérdida de inocentes vidas humanas o la desaparición de personas no importan, menos aún importa la propiedad que desde enero del 2006 los delia cuentes la mantienen en vilo. Sólo así se comprende que el gobernador siga manteniendo en funciones al actual ministro de Seguridad o al propio secretario de Seguridad de la Provincia que junto al jefe de Policía están acusados de encubrimiento de homicidio. Así también los destinos policiales más mi- portantes se los adjudican a los "comisarios amigos" - escasos por cierto- y así también se va creando esa atmósfera en la que el policía honesto, una amplia mayoría, teme a los malos policías amigos del poder, poder que les brinda la aureola de impunidad deque gozan y que les permite ascender todos los años mientras Juan pueblo dama por seguridad. Estas situaciones, sabiamente habían sido previstas ya por los franceses que en su Constitución del año 1791, en el artículo 12, establecieron: "La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esa fuerza pública se instituye, por tanto, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos que lo tienen a su cargo". Ante este estado de cosas, la seguridad pública será un objetivo difícil de alcanzar en estos terruños, si antes no se revierte la política institucional ya señalada y que afecta a policías que realmente quieren sentirse dignos de su profesión, comprometidos con la misma y reconocidos por su sociedad, ansiando como retribución a su labor, un salario que cubra las necesidades alimentarias de su grupo familiar y que se destierren las promesas de aumentos que cada dos años, en épocas de elecciones vocifera el capataz por mandato del patrón, lo que se traduce en pedido a que se considere la dignidad humana del policía.

Pero principalmente contribuirá a lograr el objetivo de seguridad, el establecer como núcleo central la ejecución de un plan de "recapitalización social" en los cada vez más amplios sectores sociales de la provincia en situaciones de pobreza, donde no está ausente el desempleo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia nocturna, etcétera. Reforzando mi opinión en los conceptos que, "Más allá de sus efectos sobre la tasa de delincuencia, la policía comunitaria ha tenido un importante impacto sobre el capital social al crear una mayor sensación de orden social en las áreas urbanas y fomentar la repoblación de los ciudades con individuos dispuestos a participar en una vida comunitaria y establecer estándares de participación mas firmes" (2).

No hacen falta más leyes, si en cambio hace falta disponer su cumplimiento. Cuántos boliches se clausuraron por permitir que se embriaguen o admitir ebrios; frente a la plaza Independencia todas las noches se venden bebidas alcohólicas. No confundamos a la población, el límite horario no erradica la ebriedad como tampoco impide la prostitución el dar la habilitación de bar a un prostíbulo (muy de moda por cierto para nuestros "soberanos"), ni mucho menos la luz blanca en las casas de juegos impide la usura o la venta y consumo de drogas.

La seguridad pública es responsabilidad propia del ejecutivo, el Poder Judicial entenderá una vez cometido el delito. Por su parte es responsabilidad de la Cámara Legislativa, ejercer también un contralor de los funcionarios públicos y en este punto me lleva a coincidir con el señor gobernador de la Provincia, la Cámara Legislativa no lo acompaña y prueba de ello es que la Comisión de Seguridad presidida por el doctor Heredia hasta el momento no ha considerado necesario que los funcionarios del área de Seguridad rindan cuentas al pueblo sobre el mal desempeño de sus funciones; tampoco el resto de los señores legisladores han pedido la presencia del señor ministro de Seguridad para que explique el por qué de tantas muertes y tantos robos desde hace ya un año y medio. Pienso cuál seria la respuesta de darse esta situación, pienso además sobre la frase de Platón: "No se enojen conmigo por decir verdades, pero no existe persona que pueda salvarse, ni con ustedes ni con cualquier otro pueblo reunido en asamblea, si no se opone con nobleza a la injusticia e ilegalidad en la República" (3) y concluyo meditando sobre la frase del ciudadano Lebos; "Hay que echarlos a patadas...".

(1) El Arte de la Guerra, Sun Tzu.Ed. EDAFS.A. Madrid 1993

(2) La Gran Ruptura, Francis Fukuyama.

(3) Diálogos, - Platón.Ed. Longseller, BsAç. 2001.-